Democracia y judicialización

“La inflación de lo jurídico no es un triunfo
de la democracia, es una usurpación del poder”.

–Ikram Antaki

En América Latina después de la crisis económica del 2008, ahora la mayoría de sus países están en crecimiento económico, reducción de los niveles de pobreza y menor vulnerabilidad ante los embates externos. Los países latinoamericanos dan cuenta de una mayor participación en las decisiones que afectan al orden mundial, a excepción de México. Que ahora en América se respeten los resultados de las elecciones, que se haya abandonado la lucha armada en América Central y que la democracia sea un valor compartido, es una manifestación clara del progreso de su democracia en los últimos años. Ya han transcurrido en promedio dos décadas de nuevas democracias que reflejan el sostenido respeto a los resultados electorales –hasta Chávez cuando ha perdido, lo ha aceptado– y en cambio en México le seguimos apostando a judicializar las elecciones.
Las elecciones son muy competidas; nadie con anticipación puede anunciarse como triunfador. El fraude estructural que se alimentaba con el uso abusivo de los recursos del estado ahora la ley lo penaliza hasta con la anulación de la elección. Los ciudadanos cada vez se convencen más que su voto sí cuenta. El acto de civilidad política que nos dieron los michoacanos de no dejar en manos de las bandas delincuenciales la decisión de quien los deben gobernar es un ejemplo a seguir. Los michoacanos salieron a la calle a votar en un clima de inseguridad y de amenazas. Este acontecimiento es una prueba de que el voto de cada ciudadano es una forma de conquista y de recuperación de los espacios públicos.

Sin dejar de reconocer que la democracia representativa es una forma de organización política con tan sólo dos siglos, que es una forma de vida que supone valores compartidos y condiciones de igualdad social para funcionar. Por ello podemos decir que en el acto de ejercer el derecho al sufragio, se concreta la defensa de la democracia, como lo hicieron en Michoacán. Y es aquí donde no se entiende la anulación de la elección en el municipio de Morelia que se llevó a cabo con el solo voto de dos magistrados en contra de miles de votos de ciudadanos que en condiciones de incertidumbre e inseguridad salieron a sufragar por sus candidatos.

Transitar hacia la sobrevaloración de lo jurídico, sobre lo democrático, conlleva a que los jueces caigan en el terreno de lastimar y humillar a muchos o como bien lo expresa Ikram Antaki: “… los pequeños jueces nos liberan de los pillos políticos, y los grandes jueces acaban con la política” [1]. Habría que agregarle que desalientan la democracia.

Si a la preeminencia del derecho sobre lo político se le suma la desigualdad y la carencia de una tradición democrática arraigada en la sociedad, no cabe duda que estos elementos conspiraran contra la estabilidad y el fortalecimiento de una democracia representativa. En un año electoral como este en el que se disputará la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, el Senado, seis gubernaturas, la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, 15 congresos locales y 807 ayuntamientos, la tentación de judicializar los procesos electorales será más grande. Pero esto no contribuye al fortalecimiento de la democracia. La apuesta debe seguir siendo la conquista día a día del espacio público. La democracia debe por tanto responder a los problemas de la pobreza y la desigualdad para así poder lograr el bienestar social de las mayorías marginadas.

La preocupación en el 2012 no sólo debe centrarse en quién ganará la elección, sino también en construir espacios democráticos a través de elecciones libres y competitivas, con controles al ejercicio del poder. Sólo una ciudadanía activa y vigilante lo puede conseguir. Los gobiernos deben preocuparse por impulsar políticas públicas que ofrezcan respuestas originales a los problemas que afectan la vida de los ciudadanos de nuestro país. Los problemas como el del narcotráfico y el crimen organizado, desbordan las fronteras estatales y nacionales, por eso se requiere la colaboración entre países. En el momento actual, tal vez, podemos ver lo que termina, pero no alcanzamos a avizorar qué comienza, qué está por venir. Por lo pronto debemos cuidar que la legitimidad del derecho no esté por encima de la legitimad del sufragio.

Salvador Hernández Vélez
jshv0851@gmail.com

[1] Antaki, Ikram. El Manual del ciudadano contemporáneo, Ed. Planeta, México D.F., 2000. Pág. 61.