Para no variar

Con el último señalamiento del Revolucionario Institucional contra el Instituto Nacional Electoral (INE), este árbitro electoral queda totalmente en entredicho. En rueda de prensa el presidente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, informó que impugnarán el dictamen, sobre fiscalización en relación con los topes de campaña. Porque el INE está sancionando con base en meras suposiciones, no con base en la ley, ya que las reglas se encuentran viciadas de origen. El líder del PRI dijo que las reglas son equivocadas porque “los artículos 46 bis párrafo segundo y 143 párrafo primero d) son producto de reformas o adiciones al reglamento de fiscalización, sin embargo éstas nunca fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor, ni fueron notificadas a los partidos políticos, esto convierte en ilegal todo el proceso de fiscalización llevado por el INE.”

 

Lo que conlleva a que todos los dictámenes emitidos por el INE sobre topes de campaña sean ilegales, y además ya no tienen tiempo para corregir. Siguen de vacaciones los Consejeros Electorales, a sabiendas de que en derecho electoral hay tiempos fatales y no hay días inhábiles. Para el caso de Coahuila los Tribunales Electorales que son los que sí tienen capacidad de dictaminar si una elección se anula o no –anular la elección no le corresponde al INE, como columnistas y diferentes voces lo anuncian–, tienen de plazo para resolver antes del 1 de diciembre de este año, porque ese día debe protestar su mandato el nuevo gobernador. El INE está obligado por ley a hacer llegar sus resoluciones a los Tribunales Electorales. Y estos con base en la ley deben resolver lo conducente.

 

Mi intuición me indica que este error del INE en la elección de Coahuila, en este 2017, no es único. Revisemos la actuación del INE en la pasada contienda por la gubernatura del estado. El INE fue el responsable de la notificación, selección, integración, capacitación de los funcionarios de las mesas directivas de las casillas, además fue el responsable de seleccionar y acordar los lugares en los que se instalaron las casillas. Es decir fue el responsable de la jornada electoral desde las 7.30 de la mañana en que se deberían iniciar los trabajos de instalación de las casillas hasta el momento en que los paquetes electorales estuvieron integrados para su traslado y entrega a los órganos distritales y municipales del IEC. Por lo tanto: si los funcionarios no llegaron a tiempo,  si no se presentaron todos ellos, si se retrasó la apertura de las casillas, si los funcionarios no sabían que hacer, si no se llenaron correctamente las actas de apertura, si no se sumaron correctamente los votos y hubo errores en las actas de escrutinio y cómputo, si hubo actas que se colocaron adentro de los paquetes y por lo tanto no se pudieron utilizar para el conteo rápido, ni para el PREP, si no se entregaron a tiempo el total de los nombramientos de los representantes de los partidos en las casillas por fallas en el sistema de cómputo, todo ello, sin duda es responsabilidad del INE. Y cabe una pregunta para el órgano electoral: Los $250 pesos que el INE entregó a los funcionarios de casillas, ¿fue pago, compensación, apoyo o qué??

 

Liosa situación en la que se encuentra el INE. No solo tuvo errores de organización, selección, capacitación, notificación e instalación de casillas, sino que ahora se están evidenciando sus pifias jurídicas. En el caso de la obligación de publicar sus acuerdos, esto está muy claro en el artículo 43.1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que a la letra dice: “El Consejo General ordenará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos y resoluciones de carácter general que pronuncie …”. Y el numeral 2 de este mismo artículo establece: “El Secretario Ejecutivo del Consejo General establecerá los acuerdos para asegurar la oportuna publicación a que se refiere el párrafo anterior …”. Sin esta publicación, ¿con base en qué el INE puede sustentar su dictamen sobre los topes de campaña? El otro asunto es que cuando el INE resolvió sobre el punto de los gastos de campaña en relación con el PRI el diputado Carlos Ramírez Marín representante de ese instituto ante ese órgano electoral, alega que le violentaron su derecho de audiencia ¿Y para no variar, qué más descuidos cometerá el INE?

Salvador Hernández Vélez

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