La Cámara de Diputados y la de Senadores se atascaron en sus propios acuerdos. No cumplieron los plazos constitucionales que ellos mismos se impusieron para aprobar las leyes secundarias. La ley de telecomunicaciones y radiodifusión, está atorada desde el 9 de diciembre del 2013; la energética, debió ser aprobada el 19 de abril del 2014; y la ley político-electoral, que tenía de plazo hasta el 30 de abril del 2014, también se quedó pendiente.
La parálisis legislativa no solo comprende transgresiones constitucionales sino, tal vez lo más preocupante es que también abona a la endeble gobernabilidad política del país, evidenciada en el pacto, y a la desconfianza en las reglas del juego, que se pactaron al inicio de este sexenio y que han sufrido muchos cambios productos de los chantajes políticos de los partidos. Las elecciones intermedias del 2015 en cierto sentido están bajo enormes dificultades. La renovación del poder ya sea del ejecutivo o del legislativo, en cualquier nivel, siempre implica conflicto, confrontación de fuerzas políticas. El primer domingo de julio o tal vez de junio del próximo año se elegirá la Cámara de Diputados federal, y habrá 17 elecciones locales, entre ellas se renovarán nueve gubernaturas, las que tendrán que realizarse con un marco constitucional renovado, y si no logran ponerse de acuerdo, con una legislación electoral obsoleta, incluso estudiosos de la materia sostienen que en diversos aspectos es contraria a la norma suprema, recientemente modificada.
A pesar de que el plazo constitucional, que se dieron los propios legisladores, para aprobar la nueva legislación ya no lo observaron, cuentan con otra oportunidad, ¿la aprovecharán? La Constitución General de la República establece en el artículo 105: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”. Este plazo vence el 30 de mayo. Esto es porque la reforma constitucional dispone, en su segundo transitorio, que la jornada electoral se realice el primer domingo de junio. En consecuencia, todo el proceso electoral arrancará un mes antes, es decir, en septiembre y no en octubre del año anterior a la jornada electoral, por lo que el plazo para realizar modificaciones legales electorales, también se acorta y, por tanto, termina a finales de mayo. Los diputados tienen este mes para convocar a período extraordinario y completar la reforma político-electoral para que entre en vigor para las elecciones del 2015. Por todo esto queda en el aire la pregunta: ¿Serían conscientes los diputados que le quitaban un mes a su tiempo legislativo?
Y esto se complica más si a las entidades federativas no se les deja margen suficiente para operar sus propios cambios legislativo-electorales. Bien lo puntualiza Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE: “Ellas también tienen que cambiar su legislación local, sobre todo las 17 que tienen elecciones en el 2015: tanto su constitución, como emitir nuevas leyes electorales y abrogar su código estatal electoral. ¿Qué ocurrirá si son incapaces de reformar sus reglas electorales a tiempo?”.
Los tiempos, sin duda los tienen encima los legisladores. Si a ello se le suma que el Partido Acción Nacional está ocupado en su proceso de elección de su dirigencia nacional, ¿se podrán empatar las agendas político-partidistas? Después de que los legisladores no aprobaron las nuevas leyes secundarias que tenían aplazadas, la incertidumbre del rumbo político-electoral del país campea en el territorio nacional. Pues en asuntos electorales hay plazos fatales.
En relación con las otras reformas el retraso en la aprobación de la legislación secundaria tal vez pueda ser de beneficio. Como decía mi abuelita: No hay bien que por mal no venga. En el caso de la legislación en telecomunicaciones y radiodifusión contraria a la Constitución en distintos aspectos, la demora legislativa brinda la oportunidad de, corregir desproporciones normativas, y así obtener una mejor legislación.
Los mexicanos esperamos que los legisladores lleguen a tiempo a los acuerdos políticos pertinentes para darnos las leyes secundarias que están pendientes, en beneficio de los intereses mayoritarios.
Salvador Hernández Vélez
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