El próximo 7 de junio se elegirá la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, la actual está corriendo el segundo periodo de sesiones ordinarias de su último año de ejercicio. Al iniciar el periodo los grupos parlamentarios presentaron sus agendas de trabajo en las que hay dos puntos que llaman la atención: a) la reforma constitucional para el manejo de la deuda pública en estados y municipios; y b) la legislación secundaria en materia de transparencia y acceso a la información.
En relación con el primer punto en la sesión del jueves 5 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones constitucionales en materia de “disciplina financiera” de entidades federativas y municipios, mismo que fue turnado al Senado de la República. Por mayoría de 89 votos a favor y 7 en contra la colegisladora aprobó el proyecto de decreto el 12 de febrero.
Entre los candados a la contratación de deuda pública sobresalen: a) la creación de una comisión bicamaral para analizar las estrategias de ajuste financiero y formular observaciones a las entidades y ayuntamientos con altos niveles de endeudamiento; b) la atribución para que el Congreso federal expida una ley general relativa a las normas de endeudamiento de los estados, los municipios y el Distrito Federal, así como leyes en materia de responsabilidad hacendaria en todos los niveles de gobierno; c) la creación de un registro público y un sistema de alertas sobre las deudas locales; d) la obligación de estados y municipios de saldar sus deudas de corto plazo, por lo menos tres meses antes de concluir sus respectivos periodos de gobierno y la imposibilidad de contratar más endeudamiento en el mismo lapso, y e) facultades a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar el destino de la deuda en estados y municipios garantizada con las participaciones federales.
Sin duda, la reforma es más que necesaria ante el preocupante aumento de las deudas estatales en conjunto: tan solo entre el 2007 y 2013 hay un incremento nominal de casi 160 por ciento. Ahora esta reforma, por tratarse de enmiendas constitucionales, pasa a la discusión y aprobación de los congresos locales, y para que entre en vigor debe ser aprobada por la mayoría de los mismos ¿La aprobarán las legislaturas locales a sabiendas que limita sus márgenes de “autonomía”?
Por otra parte, en el tema de la transparencia, la Consejería Jurídica de la Presidencia envió al Senado una lista de 82 cambios al proyecto de Ley General de Transparencia, que en algunos aspectos según los especialistas en el tema van en franca reversa. Veamos algunos puntos:
Extender las reservas. Son por lo menos tres componentes llamativos en torno a este tópico: elevar de 5 a 7 años el “periodo de reserva” para que puedan hacerse públicos documentos “clasificados”; reservar información que pueda dañar la “estabilidad financiera y económica”, y eliminar la obligación de asentar las razones, motivos o circunstancias que obligan a aplicar la reserva.
Declaraciones patrimoniales. El Ejecutivo plantea restringir la apertura de las declaraciones patrimoniales a que sea autorizada por el funcionario. De esa manera, el mismo funcionario podrá elegir si se publica o no la información sobre sus bienes.
Contratos en lo oscurito. Se plantea eliminar el artículo 83, donde se precisan las obligaciones de transparentar lo relativo a contratos de exploración y extracción, transporte y distribución por ductos y almacenamiento de hidrocarburos. Esto agrega opacidad a la reforma energética.
A la LXII Legislatura, la que aprobó el paquete de “reformas estructurales” –11 reformas constitucionales–, que estuvieron pendientes por más de tres sexenios, le quedan poco más de 20 sesiones ordinarias por desahogar. Sin embargo, a pesar del trabajo realizado, para un sector mayoritario de la sociedad los diputados y senadores entregan cuentas deficitarias, esto según la última encuesta de GEA-ISA.
En términos generales, la agenda legislativa por desahogar, contempla iniciativas y propuestas de suma importancia. Pero más allá de las conocidas condiciones de pluralidad y falta de mayorías, aunque a la actual Legislatura federal le quedan pocos días, ¿estarán conscientes de que tienen en sus manos el potencial de cambiar el rostro del país?
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