Es la confianza

En las últimas semanas, tanto el presidente Enrique Peña Nieto, como el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, han reconocido la necesidad de atender la desconfianza ciudadana. Ambos han dejado claro que la corrupción y la transparencia no son los únicos problemas que debe atender el Gobierno Federal.

En su visita a Inglaterra, el presidente Peña Nieto fue al grano: “México no solo sufre una sensación de incredulidad, debe luchar contra la corrupción mucho más eficazmente. Hay que enfrentar la crisis de confianza que padecemos, estamos a tiempo de mostrar resultados”.

Por su parte, el titular de SHCP, fue contundente en su declaración al Financial Times: “Tenemos que hacerle frente a lo que es en la actualidad realmente importante para la sociedad mexicana, que no es (solo) la corrupción y la transparencia. Va más allá de eso: se trata de una cuestión de confianza”.

Tanto el Presidente como Videgaray han puesto sobre la mesa la necesidad de atender el problema de confianza que vivimos en el País: Los datos de los niveles de confianza de los mexicanos así lo exigen.

Veamos qué dice el ”Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México”, preparado por el Instituto Nacional Electoral en colaboración de El Colegio de México. El nivel de confianza en instituciones y organizaciones políticas y sociales apenas en tres casos supera el 50 por ciento: el Ejército (62%), los maestros (56%) y las iglesias (55%). El informe también concluye que el Gobierno Federal es ligeramente más confiable que los Gobiernos locales (36% contra 30%), y que la confianza en los partidos políticos y los Diputados está por debajo del 20 por ciento.

Según el informe en cuestión, del 2010 al 2013 la confianza registra una caída de 10 puntos porcentuales en el caso del Ejército (de 72% a 62%); 29 puntos respecto a los medios de comunicación (de 61% a 32%); 23, hacia el Gobierno Federal (de 59% a 36%); 16, a los partidos (de 35% a 19%), y 14, a la Policía (de 36% a 22%). La preocupación es mayúscula, la desconfianza en las instituciones va en aumento.

Otros estudios de opinión avalan el crecimiento acelerado de la suspicacia ciudadana: entre abril del 2013 y diciembre del 2014 la confianza en el Ejército y el Gobierno Federal cayó 13 por ciento; en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 12 por ciento; en el INE, 11 por ciento; al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

También el informe muestra el desplome en la aprobación presidencial: a fines de diciembre pasado solo 25 por ciento (uno de cada cuatro ciudadanos) calificó positivamente el desempeño de Enrique Peña Nieto. A esta desaprobación ciudadana se suma que algunos de los medios internacionales que antes ensalzaron al nuevo gobierno priista, ahora dieron un giro radical en sus percepciones.

La confianza y la corrupción van de caída, los ciudadanos la perciben como “el principal problema del País”. El 36 por ciento de las respuestas, por delante de la inseguridad pública (28%), el desempleo (13%) y la violencia (12%); al tiempo que 60 por ciento de los encuestados considera que la corrupción ha aumentado en los dos últimos años, y 73 por ciento responde que “todos” o “la mayoría” de los gobernantes en México son corruptos.

Sin embargo, el grave deterioro de la confianza pública, el desencanto en la democracia y la irritación abierta en las instituciones –que se manifiesta en las movilizaciones públicas y en las tomas de oficinas–, no solo se refleja en los estudios demoscópicos y movilizaciones públicas, sino en otros aspectos, como en el surgimiento de una “corriente de conciencia” que, aun difusa y en ciernes, representa un desafío para el sistema político.

Otro fenómeno que se suma a lo anterior es el creciente escepticismo sobre la utilidad y conveniencia de acudir a las urnas. Los ciudadanos se cuestionan si vale la pena acudir a votar. Por ello, sobre la jornada comicial del próximo 7 de junio se cierne el fantasma de la baja participación. Hay analistas que, con base en las últimas encuestas y en los resultados de las elecciones intermedias, calculan un promedio de participación nacional del 40 por ciento. A ello se suman el “boicot electoral” por la disidencia magisterial y grupos de ciudadanos, y el temor que provocan las actividades del crimen organizado en varios puntos del territorio nacional.

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