La judicialización de las contiendas electorales ha sido una acción constante del PAN en aquellos procesos en donde pierde. Otra práctica del albiazul, ahora tan socorrida, es alentar las campañas negras contra los adversarios cuando van perdidos. Ambas estrategias las usan. Si la diferencia de la predilección de los electores es pequeña y no les favorece, los albicelestes recurren a las campañas de lodo. Les sirvió en el 2006, cuando posicionaron a Andrés Manuel López Obrador como un “peligro para México”. Pero no les resultó en Coahuila y en Michoacán. En el caso del municipio de Morelia la estrategia de judicializar la elección se les cayó porque el conteo del voto por voto dejó en claro el triunfo del candidato del PRI.
En las elecciones locales de los dos últimos años con candidatos expriístas y en alianza con otros partidos políticos, festejaron desmedidamente los triunfos en Oaxaca, Puebla y Guerrero y no pocos columnistas auguraron la derrota del PRI en los siguientes comicios estatales. Esta estrategia aliancista se les vino abajo. En las elecciones que dirigió desde el CEN del PRI Humberto Moreira fueron derrotados; las alianzas y las campañas de lodo no les funcionaron. La judicialización tampoco les resultó. En el caso de Coahuila incluso el resultado de la elección y la estrategia de juego limpio y de propuesta del tricolor los dejó sin elementos para impugnar. La elección de Rubén Moreira se fue sin impugnaciones.
Ante las fallas de estas estrategias político-electorales, ahora el presidente Felipe Calderón, con la ayuda tal vez de sus estrategas de campañas sucias, quiere posicionar en los medios que el PAN pierde porque el narco apoya a otros partidos, en particular al PRI. En el mensaje en su Quinto Informe de Gobierno expresó: “La intervención palmaria y evidente de los delincuentes en procesos electorales es un dato nuevo y preocupante, un dato al que ningún partido político puede permanecer silente u omiso…”.
Y para no quitar el dedo del renglón sobre la intromisión del narco en las elecciones de Michoacán, en un programa televisivo, el noticiero de Joaquín López-Dóriga, el Presidente se atrevió a denunciar lo siguiente: “…No había habido una elección con una diferencia tan pequeña en la cual pues podemos pensar que ésta intervención del crimen organizado en los procesos electorales no sólo ya es evidente y palmaria sino incluso, pues ya las autoridades valorarán si es determinante o no, pero independientemente del juicio de las autoridades electorales que desde luego yo respetaré y que colaboraré con cualquier gobernante que las autoridades declaren formalmente así […] Hay más evidencias, hay muchos más testimonios que desde luego no puedo por la propia competencia del Ministerio Público, ni puedo ni quiero hablar y también por la seguridad de las personas que fueron afectadas; pero el problema es más grande de lo que se ha visto y de lo que se ha sabido”.
Y para rematar, en el homenaje que encabezó Calderón a los panistas caídos en la guerra contra el crimen organizado, fue más contundente en sus dichos: “¿A quién beneficia la acción de los criminales y a quién perjudica?, es una pregunta clave que el País tiene que responder. Por lo pronto, ya sabemos a quién perjudica: perjudica al PAN, a sus mejores alcaldes, al mejor alcalde que hayamos tenido, y perjudica al pueblo de México.
La pregunta de a quién beneficia también tiene que ser respondida […] No podemos permitir que a quienes interesa decir que eso pasó así nada más, ganen y digan que aquí no pasa nada. Aquí sí está pasando algo muy grave, señores, que es la presencia del crimen organizado en las elecciones. Y nos dicen: ‘pruebas’. Allí está la prueba: allí está el desplegado publicado a plana entera circulando a plena luz del día, en el periódico de mayor circulación”.
Al presidente Calderón habrá que conminarlo, como en el caso que “denunció” hace meses sobre los “jueces que han recibido dinero o que dialogan con criminales y los liberan”, e inmediatamente recibió la solicitud del ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, para que proporcionará la información correspondiente para actuar en consecuencia, y hasta la fecha no la ha entregado. Si el Presidente tiene las pruebas de la intromisión del narco en las elecciones, que las presente, para no estar litigando en los medios los asuntos electorales, y así fortalecer la democracia.
Salvador Hernández Vélez
jshv0851@gmail.com
