No cabe duda que esta etapa postelectoral es inédita. Peña Nieto le ganó a López Obrador por una diferencia de 3.3 millones de votos. Tres millones arriba de la diferencia con la que le ganó Calderón. Ahora se hizo el recuento de los votos, no hay dudas en el conteo. AMLO completó ahora a diferencia del 2006 la representación en las casillas. Hubo mayor participación que hace seis años. El resultado preliminar del IFE no fue cuestionado. Fue un proceso electoral tranquilo. Josefina Vázquez Mota reconoció inmediatamente su derrota. Los observadores electorales internacionales avalaron los resultados de la elección. Sin embargo Andrés Manuel no acepta de nuevo los resultados de la elección y ha optado por impugnar. Todo esto abona al clima de zozobra e incertidumbre que vivimos.
En el 2000 cuando el PRI perdió la Presidencia de la República no pocos celebraron «la muerte del tricolor». Muchos de los columnistas que ahora alientan las impugnaciones aseguraban que el Revolucionario Institucional estaba en la lona, por eso ahora no se explican cómo fue que ganó la Presidencia de la República, cómo se dio el regreso del tricolor a los Pinos tan sólo a 12 años de diferencia. Como no se explican cómo obtuvo Peña Nieto 19.2 millones de votos, ahora argumentan que el fraude se urdió con anticipación. Creo que lo anticipado fue el hecho de que los ciudadanos ya están hartos del actual gobierno, por eso Josefina quedó en un tercer lugar y el PAN perdió la Presidencia de la República en tan sólo dos sexenios.
Todos los días escuchamos comentarios que se va a anular la elección porque según los dirigentes de los partidos que apoyaron a Andrés Manuel, Peña Nieto rebasó los gastos de campaña. En la ley electoral federal rebasar el tope de campaña no es causa para anular una elección, en todo caso el IFE si le proporcionan las evidencias que sustenten el dicho impondrá, al partido o partidos que postularon al candidato en cuestión, una multa económica.
Sobre el tema de que el PRI compró la voluntad de cinco millones de ciudadanos, es una impugnación más mediática que con sustento jurídico, hasta suena a ficción. He escuchado personas que dicen que se compró el voto a 200 pesos. Si eso fuera cierto hay varias preguntas que surgen de ello ¿A cuánto asciende ésta cantidad? A mil millones de pesos ¿Cuántas maletas anduvieron cargando el día de la elección los encargados de repartir el dinero en billetes de 200, 100 o 50 pesos? ¿Cuántas personas ocuparon para hacer el reparto? ¿Cuántos vehículos utilizaron? Otras personas se atreven a decir que el voto se pagó a mil pesos lo que asciende a una cantidad de 5 mil millones de pesos ¡Para repartirlos!
Pero veamos el caso en que se haya comprado el voto a 500 pesos como también aseguran muchas personas. Esto daría una cantidad de 2500 millones que se pagaron ese día 1 de julio. Si la estrategia de reparto fue por sección electoral a lo largo y ancho de la geografía electoral que tuvo un total de 66, 740 secciones electorales en todo el país. Cabe preguntarse: ¿De qué bancos salió el dinero y qué mecanismo de distribución se uso que no lo detectaron los delincuentes para robárselo?
¿Por otra parte, del lado de Andrés Manuel, si hablan con mucha seguridad que fueron comprados 5 millones de votos, podemos concluir que ya los tienen identificados? ¿Sabrán que los impugnadores están obligados a presentar las pruebas de ello? También van a requerir las declaraciones de cinco millones de ciudadanos que según los acusadores se les compró el voto. Por cada ciudadano que vendió su voto hay que aportar las pruebas. Si la FEPADE no cuenta con personal para atender las demandas, ¿cómo le va a hacer para integrar las declaraciones de 5 millones de «vendedores de votos» con sus respectivas pruebas? Si las denuncias de elecciones pasadas siguen sin ser atendidas por no contar con el personal suficiente, ¿ahora cuánto tiempo les llevará integrar los expedientes de las pruebas? ¿Y cómo le van a hacer para que cada «vendedor de voto» identifique su boleta en la que emitió su voto, si no lleva su nombre. Suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que logran integrar las «pruebas» para invalidar la elección, ¿se puede considerar válida una prueba sobre un «voto comprado» si el voto es secreto y por tanto no se puede demostrar que votó el «vendedor» en el sentido de lo que acordó con «el comprador de votos»?
Salvador Hernández Vélez
