Luis Donaldo Colosio en su discurso del 4 de marzo de 1994 reconoció la existencia de la corrupción y nos habló de la gravedad de sus efectos, entre otras cosas. Nos dijo que México demandaba una gran Reforma del Poder, que promueva la participación de la ciudadanía. Nos señaló que seguía vigente la tradición de negociar políticamente la ley, y esto lo vivimos en toda su magnitud en el sexenio de la lucha contra el crimen organizado que emprendió Felipe Calderón.
El IFE, hace unos meses nos presentó su informe de la Calidad de la Ciudadanía en México, donde suscribe: “la cultura de la legalidad se basa en la diferencia aceptada por los gobernados entre la normatividad jurídica y las prácticas políticas reales, lo que contribuye a una cultura de la permisividad, la aceptación, y la complicidad de los gobernantes con los gobernados, y la discrecionalidad”. Es una reseña, sin duda, a la cual remitirse. Brinda un diagnóstico lúcido sobre el estado en que se encuentra la ciudadanía en México. Si hablamos de la necesidad de construir ciudadanía, este análisis ubica el proceso de construcción de ese colectivo social en nuestro país, dejándonos muy mal parados. En la elección pasada en Coahuila este tema de la participación ciudadana se puso de moda, por unos días, tal vez lo retomaremos hasta las elecciones federales intermedias de 2015, sin embargo, para pasar a una nueva etapa en la democracia mexicana esta cuestión no debe abordarse solo coyunturalmente.
El informe del IFE deja en claro que el costo de la inseguridad en México es inmenso en vidas humanas, en deterioro del tejido social y, cada vez más en términos de costos económicos. El impacto económico fue aceptado por el Secretario de Hacienda Luis Videgaray. Y el costo de la no participación social también es considerable.
La parálisis urbana ante la violencia no miente. Las empresas pueden operar, pero sus costos van en aumento. Y la economía de los ciudadanos de a pie se agrava más y más. El informe también apunta que el crimen y la creciente percepción de vulnerabilidad paraliza al sector económico que genera 60 por ciento del empleo. Que la pequeña y mediana empresa, y los pequeños comercios son los más vulnerables a la extorsión, secuestro, robo, a la vez, que son quienes menos acceso tienen a la justicia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2013, del INEGI, 68 por ciento de la población considera que vivir en su ciudad es inseguro. Según los datos del IFE, 1 de cada 4 mexicanos ha sido víctima de la violencia y 36.5 por ciento han padecido robo con violencia. Y 66 por ciento de los mexicanos considera que la ley se respeta poco o nada, mientras 61 por ciento de las víctimas acepta no haber denunciado.
Al preguntar sobre la razón de la poca participación de la denuncia, resulta que 63 por ciento considera que la denuncia no sirve de nada, 52 por ciento afirma desconfiar de la autoridad y 40 por ciento afirma haber tenido malas experiencias con las autoridades en el pasado. Por su parte, de los que denunciaron al Ministerio Público sólo el 23 por ciento reporta que sirvió de algo, mientras 54 por ciento considera que no sirvió de nada. Los mexicanos, de acuerdo a la encuesta, nos sentimos a la deriva ante el crimen. El ciudadano promedio, percibe la procuración de justicia casi ausente.
Todos estos elementos sin duda actúan en contra de la participación ciudadana, del proceso de construcción de ciudadanía, y del convencimiento de participar en los procesos electorales. Los datos del IFE también exhiben que los mecanismos de denuncia y de participación social a nivel de las colonias de los centros urbanos están desmantelados y no se perciben políticas públicas que los reconstruyan para ésta etapa de pluralidad política que estamos viviendo en México. Ubicar en su justa dimensión ésta problemática es algo impostergable.
Coahuila, en dos de los temas, ya tomó la palabra, el Congreso estatal aprobó la nueva Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, y también la Ley de Transparencia. Ambas sientan las bases jurídicas para construir soluciones de fondo a estas situaciones, que abonaran a la reconstrucción de la credibilidad ciudadana. Las cifras del IFE ahí están. Si los cambios no empiezan desde el barrio, desde abajo, y si no hay participación ciudadana, no habrá manera de revertir el dañino avance de la descomposición social, ni manera de lograr la participación ciudadana.
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