Los mexicanos nos caracterizamos por linchar a los hombres de acción, a los gobernantes, a los políticos, y ahora también a los comunicadores. Ya nadie se salva de los linchamientos. Ahí está el caso de Pedro Ferriz de Con. Por una parte, en las democracias actuales a los políticos, gobernantes o legisladores se les exige una conducta (pública y privada) con estándares más altos que al resto de los ciudadanos, sino pregúntenle a los panistas.
Por otro lado, aunque los medios masivos de comunicación tienen la capacidad para establecer los términos de la agenda pública, independientemente de su manejo editorial, también están sujetos al escrutinio público, es el caso del comunicador antes mencionado.
Hoy, en el mundo de las tecnologías de la información y de la comunicación viral, los actores públicos –políticos y comunicadores– se encuentran más exhibidos que nunca a la vigilancia mediática y social. Quienes por causa de su cargo político o por su responsabilidad en los medios manifiestan sus afiliaciones públicas en las que presumen y exigen ciertos valores o creencias son esencialmente endebles al peligro de que su conducta privada contradiga esos valores o creencias que públicamente profesan.
John Thompson, catedrático de sociología en la Universidad de Cambridge, nos dice que en las democracias actuales los escándalos políticos interrumpen, de vez en vez, el flujo de los acontecimientos mediáticos y atesoran el potencial para descarrilar los planes políticos de aquellos cuyos comportamientos trasgresores son revelados y desaprobados con contundencia en la plaza pública virtual. Pero no solo ocurren calvarios personales al ponerse en juego expedientes valiosos para los detentores del poder público —credibilidad, veracidad, prestigio— y construirse referentes poderosos para valorar (negativamente) las capacidades para el cargo ejercido sino que también pueden verificarse “incidencias corrosivas” sobre las instituciones que amparan a los exhibidos y sobre aquellos aspectos de la “confianza social” que sostienen las relaciones sociales de cooperación.[1] ¿Será por ello que el PAN removió a su coordinador en la Cámara de Diputados para que los daños fueran menores?
La pachanga legislativa no solo ocasionó un avalancha de indignación y lamentos moralizantes, sino consecuencias directas para los principales protagonistas de la conspiración y además sumó elementos para el desprestigio de la actividad política profesional. Algo parecido está sucediendo con lo de Ferriz de Con. El comunicador social logró disponer de un acceso y poder de convocatoria sobre la población como no lo tienen los gobernantes y los legisladores. Pero ello se le cayó en un santiamén. Así es la sociedad líquida actual.
Hoy, en nuestras sociedades masificadas, son agentes influyentes en la reproducción de pautas socio-culturales. Pero a la vez que la actual cibercultura abre la posibilidad de un cierto libertinaje, que permite expresar ideas poco reflexivas, también da la posibilidad de acceder a un cúmulo de información y a nuevas formas de procesarla como nunca antes, por ello los comunicadores están ahora también bajo el escrutinio de los ciudadanos.
En el mundo global los comunicadores ya no son el “cuarto poder”, constituyen uno de los principalísimos poderes dominantes del mundo ¿Será por eso que también ahora están sometidos al linchamiento de la sociedad? ¿Cuándo los medios de comunicación transitarán a ser antipoder, como lo plantea Ikram Antaki?
Debe quedar claro que nadie tiene el poder absoluto para cambiar todo el andamiaje social o para impedir sus cambios rotundamente. Quienes abrazan la profesión de comunicar influyen de un modo más profundo que otros en ese proceso. Por eso deben tener muy claro los principios éticos con los que se manejan. Ahí estriba el asunto crucial de su misión profesional: ser serio, ético, tener sentido crítico, saberse agente formador de las grandes multitudes a las que se dirige, porque todos estamos sometidos a la observación pública. La ley de transparencia que acaba de promulgar el gobernador Rubén Moreira entre otras cosas transparentará la relación de los organismos gubernamentales con los medios de comunicación.
