“El mundo tiene suficiente para satisfacer las
necesidades de todos, pero no la codicia de todos.”
Mahatma Gandhi
La Comisión Nacional de Desarrollo Social (CNDS), integrada por los Secretarios de Desarrollo Social de los estados del país y el Secretario de SEDESOL federal se plantearon elaborar políticas que permitan hacer frente a la crisis alimentaria que padecemos, a raíz de los incrementos de los productos de la canasta básica en agosto y septiembre pasados. En este esfuerzo han colaborado tanto funcionarios públicos como académicos, investigadores y agentes relacionados con el sector agropecuario. La catástrofe alimentaria mundial, sus causas y los intentos de solucionar el desastre fue abordada en la Reunión Nacional del Grupo de Trabajo de Pobreza Alimentaria, celebrada en Monterrey el pasado 27 de septiembre.
En la reunión de la CNDS se ha sostenido que estos incrementos en los precios de los alimentos son consecuencia de la sequía en los Estados Unidos de América donde se ubica el granero más importante del mundo. Esto propició que la tonelada de maíz cueste actualmente en el mercado internacional a más de 300 dólares. La situación se les complica mucho más a los mas necesitados en el medio rural y urbano que dependen trágicamente de las fluctuaciones de los precios de los alimentos básicos que sufren de hambre estructural. A lo anterior se suma el hambre coyuntural asociada a la sequía y a las inundaciones. Y para colmo, a esto se adhieren las enfermedades ligadas a la desnutrición crónica.
En dicha reunión de Monterrey, la licenciada Angélica Luna Parra, integrante del grupo de trabajo, nos acercó al horror que padecen nuestros compatriotas que sufren hambre en las comunidades rurales y en las áreas urbanas. Enriqueció su ponencia con retratos de los protagonistas de esta catástrofe, a los cuales conoce personalmente, y nos compartió sus propias experiencias. La geografía del hambre nos evidencia escenarios de trabajadores rurales explotados hasta la miseria que cuentan con pequeñas parcelas improductivas. En 1948, la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece la alimentación como un derecho básico.
Sin embargo, desde mitad del siglo pasado hasta el momento, estos esfuerzos no han sido suficientes. Por ello hay que implementar políticas sociales que hagan frente a esta circunstancia, donde el derecho a la especulación y el lucro se imponen sobre el derecho a la alimentación. Gracias a la información socializada en la jornada se desprende la existencia de instituciones que tratan de avanzar en la dirección correcta, pero también queda claro que estos empeños son saboteados por las grandes empresas transnacionales agropecuarias.
Expusieron también que la mitad de los hogares mexicanos sufren algún grado de inseguridad alimentaria; es decir, no tiene acceso a una calidad y cantidad satisfactoria de alimentos para gozar de una vida sana y productiva. Otro de los expositores planteó que cerca del siete por ciento de la población mexicana sufre de inseguridad alimentaria severa la cual está muy ligada a la pobreza extrema. Quedó claro que durante el presente sexenio no se avanzó mucho en la materia, por lo que la próxima administración encabezada por Enrique Peña Nieto deberá aplicar nuevas políticas destinadas a este sector de la población
Ante la escalada de precios de los alimentos que integran la canasta básica, cada vez más personas comen alimentos baratos y altísimos en calorías, pues en lugar de frijoles, arroz, chile, huevo y tortillas, prefieren alimentos chatarra, pastas y sopas instantáneas con muy bajo valor nutricional. Por ello es urgente que el gobierno federal entrante aplique políticas sociales y ponga esmerado cuidado respecto de la especulación en los precios de los alimentos para que éstos sean más accesibles a la población. Si esto no sucede y se continúa con esta misma tendencia de alto riesgo, se constituirá ésta situación en un asunto de seguridad nacional. Tengamos en cuenta que la inflación alimentaria es muy alta, que los salarios mínimos se estancan y el problema de subempleo y desempleo, aumentan la baja de los ingresos de las familias de escasos recursos.
México demanda una solución a este problema complejo, por supuesto, en donde deben participar el gobierno y los sectores productivos del sector agropecuario, así como la sociedad civil y sobre todo, la de las comunidades afectadas por la inseguridad alimentaria del país.
Salvador Hernández Vélez
