Las reformas necesarias, que México demanda, habían encontrado un camino y un mecanismo para, por fin, después de tanto tiempo entrampadas, llegar a acuerdos entre las fuerzas políticas para destrabarlas. Así se puedo sacar la Reforma Laboral, la Ley de Amparo, la Reforma Educativa, la Ley de Telecomunicaciones, entre otras.
Pero tal parece que en la medida en que las lógicas electorales dominan el escenario político mexicano, éstas son el claro pretexto para posponer las reformas. El PAN y el PRD trastocaron el proceso de negociación de los acuerdos del Pacto ¿Será porque verdaderamente les preocupa la “estrategia” para desviar los recursos y los programas federales a favor de los candidatos del PRI, o porque el proceso de consensos para sacar las reformas pendientes está haciendo crecer la figura de Peña Nieto?
Qué casualidad que la inconformidad la presentan los partidos de Acción Nacional y de la Revolución Democrática justo cuando se va a presentar la Reforma Hacendaria. No se puede negar que la reforma hacendaria aparece como la mayor apuesta reformista en el periodo 2012-2018, de la administración de Peña Nieto. Los panistas y los perredistas saben que una vez aprobada echará a andar prácticamente todo el programa de gobierno delineado en el Pacto y, sin duda, el País será otro en beneficio de los ciudadanos.
Los compromisos para las reformas en el Pacto por México, tales como el acceso universal a los servicios de salud, la pensión para adultos mayores de 65 años, el sistema nacional de programas de combate a la pobreza, la consolidación del sistema nacional de evaluación educativa, el programa de escuelas de tiempo completo, la inversión del 1 por ciento en ciencia y tecnología, la transformación de Pemex en una empresa pública “de carácter productivo”, la nueva ley para explotación minera y el plan nacional de prevención y participación comunitaria, entre otros, representan casi el 50 por ciento de los compromisos signados.
En ésta medida, la reforma hacendaria es la de más peso. Y en un contexto electoral como el que se avecina el 7 de julio próximo, es la reforma que permitiría a Peña Nieto cumplir a cabalidad lo que prometió en campaña, por eso, en la lógica panista y perredista, hay que parar ésta reforma hasta después de las elecciones, para que Peña no sea el principal activo del Revolucionario Institucional en este contexto electoral. Lógicamente el PAN y el PRD encontraron el pretexto para posponer la Reforma Hacendaria.
El vigor con que se expresan los presidentes de los partidos opositores para denunciar las “prácticas clientelares” y el “uso de recursos” a favor de las campañas del tricolor en Veracruz y exigir la renuncia de la Secretaria de Sedesol, Rosario Robles, brilló por su ausencia en las denuncias que militantes panistas hicieran en contra de sus correligionarios en el pasado proceso electoral coahuilense del 1 de julio del año pasado.
Las acusaciones de Jorge Zermeño, en Torreón, no fueron tomadas en cuenta por el líder del PAN, Gustavo Madero ¿Qué pensará Zermeño ahora de la nula atención que su líder nacional prestó a sus denuncias contra el actual senador Luis Fernando Salazar? Zermeño exhibió evidencias del uso de recursos públicos a favor del precandidato Salazar.
Y, en el caso del PRD, en la elección de su última dirigencia nacional, los mismos perredistas denunciaron a sus compañeros de partido por haber usado recursos públicos en sus contiendas internas, y dichas acusaciones quedaron en letra muerta.
La decisión del presidente Peña de hacer un alto en el camino en el proceso de construcción de acuerdos en el Pacto es, sin duda, una medida inteligente que permitirá reconstruir las condiciones para continuar con los trabajos del mismo. Una cosa queda clara: lo que se juega con la Reforma Hacendaria es el nuevo rumbo del País.
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