Ahora, con la fallo absolutorio dictaminado por el juez Mauricio Fernández, responsable del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, en relación a las recriminaciones por delincuencia organizada en contra del funcionario de más alto nivel involucrado en la llamada Operación Limpieza, Noé Ramírez Mandujano, extitular de la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), y por otra parte con la liberación del general retirado Tomás Ángeles Dauahare, y exsubsecretario de la Defensa Nacional, quien obtuvo su libertad por “sobreseimiento en la causa penal”, esto es, porque el juez conocedor de su causa recibió por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) el “escrito de conclusiones no acusatorias” por el delito de delincuencia organizada.
La guerra de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada no sólo nos dejó un estela de muertes -que ya rebasa los 100 mil-, de incertidumbre, de descomposición del tejido social y de miedo para salir a la calle, sino también un sin número de ciudadanos encarcelados con acusaciones falsas, sustentada en una justicia ahora en entredicho.
No deja de ser lamentable que hayan bastado unas cuantas invenciones de unos “correveidiles” para que Ramírez Mandujano estuviera preso cuatro años, tres meses y 25 días, para que el general Ángeles pasara poco más de ocho meses en una prisión de alta seguridad, y casi 80 días bajo arraigo judicial, todo en contubernio con las autoridades judiciales calderonistas.
¿Y quién no recuerda el tan publicitado caso que es ejemplo de justicia torcida: el desmantelamiento de la supuesta red política de protección tendida en Michoacán, donde todos los implicados —38 servidores públicos estatales y municipales— salieron libres por determinaciones judiciales? La PGR de Calderón no pudo probarles nada.
Al paso de los días se acumulan más ejemplos de montaje de delitos. Además de Noé Ramírez Mandujano, han salido de la prisión los siguientes exfuncionarios: Rodolfo de la Guardia García, exjefe de Interpol-México; Ricardo Gutiérrez Vargas, exdirector de Interpol-México; Víctor Gerardo Garay Cadena, excomisionado de la Policía Federal (PF); Francisco Navarro Espinosa, exjefe de Operaciones Especiales de la PF; Fidel Hernández García, exagente de la División Antidrogas de la PF; Jorge Cruz Méndez, exagente de la División Antidrogas de la PF; Jorge Alberto Zavala Segovia, agente federal de la entonces SIEDO.
Con base en acusaciones parecidas y con los mismos procedimientos todavía siguen presos y sujetos a proceso: Arturo González Rodríguez, mayor del Ejército; Miguel Colorado González, coordinador General Técnico en SIEDO; Fernando Rivera Hernández, exdirector general adjunto de Inteligencia de SIEDO; Antonio Mejía Robles y Luis Manuel Aguilar Flores, agentes federales en la SIEDO.
Y todavía más. El Ministerio Público Federal del sexenio de Calderón, según David Saúl Vela del Periódico la Razón, investigó apenas el 0.22 por ciento de los homicidios ocurridos durante el sexenio pasado: de casi 100 mil asesinatos sólo 207 casos fueron puestos en claro. Pero no termina aquí. Apenas 102 de las 207 averiguaciones fueron concluyentes, mientras que 36 derivaron en el ejercicio de la acción penal y solo dos concluyeron en sentencias condenatorias.
Todo lo anterior conlleva a repensar la Justicia en nuestro País. En el caso del Ministerio Público, en América Latina, México es el único país en donde no tiene independencia del Poder Ejecutivo.
Otra situación a revisar es el de los “testigos colaboradores”. Aunque pueden servir para seguir pistas e intrigas criminales, sus habladas no constituyen prueba suficiente para integrar la investigación, sobre todo porque se trata de murmuraciones realizadas por criminales confesos.
Y es de suma importancia sondear la figura del arraigo, un mecanismo cautelar señalado por organismos defensores de los derechos humanos, por organismos internacionales y por la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, como propiciatorio para los abusos y violaciones de los derechos humanos. En suma, hay que repensar la Justicia.
Salvador Hernández Vélez
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